A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
2. Disponer que la entrada en vigencia del punto 1. será el 1.7.21. Sin perjuicio de ello, a partir del día siguiente a la
fecha de difusión de esta comunicación y hasta el 30.6.21, las entidades financieras podrán continuar concertando
operaciones –activas y pasivas– vinculadas a la tasa LIBOR en la medida que su vencimiento no exceda del
31.12.21.
Que en el marco de dicha situación, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, mediante
Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020, creó el “Programa REPRO II” el cual consiste en una suma
dineraria individual y fija a abonar a trabajadores y trabajadoras a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo
de los empleadores y empleadoras adheridos al Programa
ARTÍCULO 1°.- Las Jurisdicciones, Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad
con lo establecido en los incisos a), b) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, podrán otorgar licencia desde el 1° de mayo de 2021 hasta el 21
de mayo de 2021 a las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en dicho Sector y se encuentren a
cargo de niños, niñas o adolescentes de menos de CATORCE (14) años de edad, que deban realizar escolaridad
virtual y se encuentren inscriptos en establecimientos educativos de todos los aglomerados urbanos,
departamentos o partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, conforme a las
pautas indicadas en el artículo 3°, apartado 4 del Decreto N° 287 del 30 de abril de 2021.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.093, promulgada el 12 de mayo de 2006, se estableció el Régimen de Promoción para
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, que tiene como objetivo promover la producción y el uso de
biocombustibles en el territorio nacional.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la citada ley, el mencionado régimen tiene una vigencia de
QUINCE (15) años a partir de su aprobación, por lo que su vencimiento operaría el 12 de mayo de 2021.
Que, asimismo, en el citado artículo se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a extender el plazo allí definido.
Que por la Ley Nº 26.334 se aprobó el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol con el objeto de
satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar excedentes para exportación.
Que de acuerdo con el artículo 3° de la citada ley, los proyectos de bioetanol aprobados en el marco de la Ley
Nº 26.093 y su reglamentación se encuentran sometidos a todos los términos y condiciones de la referida ley,
incluyendo su régimen sancionatorio.
CONSIDERANDO
Que por el artículo 1° de la citada Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del virus
SARS-CoV-2 como una pandemia, luego de haber verificado a nivel global hasta ese momento, casos registrados
en más de CIENTO DIEZ (110) países.
Que, en el marco de la citada pandemia, por el Decreto Nº 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, plazo a su vez prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 191 del 23 de marzo de 2021, se implementó un Régimen de Promoción de Generación de
Empleo en el Norte Grande, a través del cual se establecieron una serie de requisitos y condiciones para que los
empleadores del sector privado que realicen determinadas actividades cuyas tareas se presten en las provincias de
CATAMARCA, CHACO, CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA, MISIONES, SALTA, SANTIAGO DEL
ESTERO o TUCUMÁN, reciban un beneficio por la incorporación de nuevos puestos de trabajo.
Que dicho beneficio consiste en una reducción gradual y temporaria de las contribuciones patronales
correspondientes a aquellas relaciones laborales que inicien y empleen a trabajadoras mujeres, travestis,
transexuales y transgénero, siendo la reducción del OCHENTA POR CIENTO (80%) el primer año, CINCUENTA Y
CINCO POR CIENTO (55%) el segundo año y TREINTA POR CIENTO (30%) el tercer año, y para nuevas
contrataciones de trabajadores varones una reducción del SETENTA POR CIENTO (70%) para el primer año,
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) el segundo año y VEINTE POR CIENTO (20%) el tercer año.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) diferencia a las entidades que proveen crédito en dos grupos. El primero, y más significativo, comprende a las entidades financieras, grupo que integran los bancos y las compañías financieras. El segundo grupo son las entidades no financieras, compuesto por los “OPNFC”, las “Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra”, los “Fideicomisos financieros”, las “Sociedades de garantía recíproca” y los “Fondos de garantía de carácter público”.
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL por Resolución INAES N° 4/2020
(RESFC-2020-4-APN-DI#INAES), resolvió fomentar, en los ámbitos locales del territorio nacional, la creación de
Mesas del Asociativismo y la Economía Social, para vincular a los actores que basan sus prácticas en la
cooperación y la ayuda mutual.
Que la actual administración, reafirma la necesidad de la promoción de dinámicas colaborativas entre personas e
instituciones.
Que, ello, involucra a las cooperativas o mutuales, pero también a sindicatos, clubes, asociaciones civiles,
organizaciones sociales y comunitarias, representaciones de pequeñas empresas, emprendedores y productores
de las economías regionales, entre otros actores que pertenecen a la economía social, popular y solidaria.
Que, para que los actores de la economía social solidaria y popular encuentren espacios de comunicación,
reconocimiento y confianza, resulta menester continuar con el aliento a través de la organización de la comunidad
asociativa, para promover la cooperación, la ayuda mutua, las prácticas basadas en la solidaridad, la igualdad, la
reciprocidad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL, organismo descentralizado del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, es la autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a
mutuales y cooperativas, en los términos contemplados en las Leyes Nros. 19331, 20.321, 20.337, Decreto Nro.
420/96, sus modificatorios y complementarios.
Que a tal fin, tiene como misión principal el concurrir a la promoción de las cooperativas y mutuales en todo el
territorio nacional, a cuyo efecto otorga su personería jurídica, ejerce el control público y favorece su desarrollo.
Que en función de lo reglado por el art. 107 de la Ley Nro. 20.337, este Instituto Nacional prestará especial apoyo
técnico y financiero a los sectores menos desarrollados del movimiento cooperativo, considerando prioritariamente
las limitaciones socioeconómicas de los asociados, las necesidades regionales a que respondan los proyectos
cooperativos y la gravitación sectorial de estos.
Que el Poder Ejecutivo Nacional lleva adelante el PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE con el
objetivo general de “garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con
especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”.
CONSIDERANDO
Que por el ARTÍCULO 1° de la Resolución N° 4 de fecha 3 de mayo de 2021, del CONSEJO NACIONAL DEL
EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL se fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil en
diferentes períodos y montos, para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la
Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del ESTADO NACIONAL que actúe como
empleador, excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de la Ley
N° 24.013 y sus modificatorias.
Que por el ARTÍCULO 2° de la citada Resolución, se incrementaron los montos mínimo y máximo de la prestación
por desempleo conforme lo normado por el artículo 135, inciso b) de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, en los
mismos períodos que los previstos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil