INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Resolución 1195/2020

CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras con el deber de preservarlo.
Que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos consagra el derecho a un ambiente sano en el artículo 11.1
del Protocolo de San Salvador, considerándose incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales
protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Que la Ley General del Ambiente Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo sustentable, así como la educación e información ambiental como instrumentos básicos de política y
gestión ambiental.
Que la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global Nº 27.520 establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
Que en su artículo 7°, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, cuya función es articular entre las
distintas áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional, la implementación del Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

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Fuente: Estudio Petitto, Abogados