Que mediante el Decreto N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, durante el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
Que, concomitante al dictado del Decreto N° 297/20 por el que se estableciera el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, a través del Decreto N° 298/20 se han suspendido el curso de los plazos dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
Que, atento las sucesivas prórrogas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados, se ha también prorrogado la suspensión del curso de los plazos dispuesta por el Decreto N° 298/20 mediante los Decretos Nros. 327/20, 372/20, 410/20 y 458/20, rigiendo, por este último, hasta el 24 de mayo de 2020, inclusive.
Que el artículo 3 del Decreto N° 458/20 facultó a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión allí prevista.
Que la continuación de determinadas tramitaciones resulta fundamental para llevar a cabo los procesos indispensables para el funcionamiento de este Organismo y los servicios que presta a la comunidad y, en razón de los principios de eficacia y de celeridad, economía y sencillez del procedimiento administrativo, resulta conveniente delegar la facultad prevista en la normativa citada en el considerando precedente en la titular de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.